Selva Política

MIGUEL BARBA

*Sanciones a Quien Venda Medicamentos Propiedad de Instituciones de Salud: Diputados

*Buscarán Aumentar Penas a Quien Promueva y Posee Imágenes de Pornografía Infantil

Con el fin de imponer una pena de dos a ocho años de prisión y multa de 500 a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien venda o distribuya medicamentos propiedad de las instituciones de salud, la diputada María Macarena Chávez Flores, del PRD, propuso reformar la Ley General de Salud.

La iniciativa plantea adicionar el inciso V al artículo 464 Ter para establecer sanciones a quien ofrezca en venta, comercie, posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, muestras médicas, materias primas o aditivos propiedad de las instituciones del sector salud, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, cualquiera que sea su origen de fabricación.

Asimismo, cita que en caso de que funcionarios o empleados de dichas instituciones sean quienes cometan tales ilícitos, la pena se incrementará en un 50 por ciento.

El documento, que se encuentra en la Comisión de Salud para su análisis, pretende modificar el artículo 225 del citado ordenamiento con el fin de que en el empaque de los medicamentos se use una presentación distinta entre los destinados al sector público, los cuales deberán presentar las leyendas “prohibida su venta” y “la venta al público de este medicamento constituye un delito en los términos de la Ley General de Salud”.

Expone que la venta en el mercado negro de medicamentos sustraídos de manera ilícita de clínicas, hospitales, almacenes y depósitos de las distintas instituciones de salud, tanto federales como locales, contribuye al incremento de dicho mercado que se nutre de medicamentos falsos y/o adulterados.

Agrega que también hay fármacos de importación irregular, los cuales son parte de la gama de fuentes de ingresos tanto para el crimen organizado como para el menor en nuestro país.

Señala que los costos asociados a estas prácticas en las clínicas se incrementan y su impacto negativo en el patrimonio de las instituciones lleva a la escasez de medicamentos dirigidos a los derechohabientes y para la ciudadanía de escasos recursos que requieren tratamientos a largo plazo, en algunos casos, y en otros de por vida como enfermedades de naturaleza crónico-degenerativa.

Afirma que la sustracción de medicinas, materiales y fármacos, en el mayor porcentaje es perpetrado al interior de las mismas instalaciones en su mayoría por empleados que tienen acceso a los depósitos y centros farmacéuticos del sector salud, por lo que al incurrir en estos delitos son quienes principalmente hacen posible la cadena delictiva.

Indica que “es de sobra conocido que durante la pandemia el robo de medicamentos se disparó, pero en cifras publicadas el incremento fue de 82.5 por ciento sólo en 2020, y los cálculos arrojan que el valor del mercado negro puede alcanzar más de mil 500 millones de dólares, según cifras de organismos oficiales y privados”.

Puntualiza que la escasez de insumos médicos debido a la pandemia, provocó una respuesta rápida del mercado negro de fármacos, lo que hace necesario y urgente tomar cartas en el asunto; por ello, la iniciativa busca mitigar el daño a la salud pública debido al robo al sector público.

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En otro tema, con la finalidad de aumentar las penas en materia de pornografía infantil y sancionar el ver y poseer dicho material, así como castigar a quienes por cualquier medio lo reciba y no denuncie el hecho ante las autoridades, la diputada Dulce María Silva Hernández (Morena) planteó reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La iniciativa busca reformar el artículo 17 para imponer pena de 10 a 25 años de prisión y de dos mil a 30 mil días multa al que almacene, posea, vea, adquiera o arriende para sí o para un tercero el material, sin fines de comercialización o distribución, así como para quien por cualquier medio reciba dicho material y no denuncie el hecho ante las autoridades.

La propuesta, enviada a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para opinión, menciona que actualmente las penas son de 5 a 15 años de prisión y de mil a 20 mil días multa, pero no contempla la posesión ni el verlo, tampoco considera a quien reciba dicho material y no denuncie el hecho ante las autoridades.

Argumenta que no debería existir una distinción entre el generador o vendedor de pornografía infantil y el comprador o consumidor final, “ya que son igualmente responsables e incluso más, debido a que la demanda de estos materiales es precisamente el detonador del delito”.

Considera necesario dar un paso más en favor de las víctimas de trata de personas, particularmente de las niñas, niños y adolescentes, así como de avanzar en el combate y erradicación de este delito.

“Ver y poseer pornografía constituye un acto premeditado y aberrante que debe ser sancionado con severidad. De igual manera, recibir materiales pornográficos donde participen personas menores de edad y no denunciar el hecho a las autoridades, convierte al receptor en cómplice”, subraya.

La diputada Dulce María Silva añade que la pornografía, particularmente la que resulta de la trata de personas, y específicamente la que involucra a personas menores de edad, no debe ser tolerada, normalizada, ni pasada por alto por ningún miembro de la sociedad. “Se pretende asegurar su punibilidad, cerrando la puerta a cualquier sesgo interpretativo, así como aumentar las penas para desalentar su incidencia”.

En México, entre marzo y abril de 2020 hubo un incremento de 73 por ciento de los reportes de pornografía infantil, según el Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional; los reportes están relacionados a la red social Facebook en el 80 por ciento de los casos, añade.

Además, a mediados de diciembre de 2021, una investigación reveló que 60 por ciento de la pornografía infantil global se produce en México y de acuerdo a cifras dadas a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la pandemia aumentó en 117 por ciento la producción y consumo de pornografía infantil. Se calcula que 21 mil niños son secuestrados anualmente en México para explotación sexual infantil.

La gravedad de los hechos y el incremento del problema exigen soluciones por parte del Poder Legislativo para perfeccionar la norma jurídica a fin de que este delito no quede impune, pues datos ubican a México en el primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil, puntualiza.

Rugidos

La Encrucijada de MORENA

Las elecciones intermedias del próximo mes de junio, donde estarán en juego seis gubernaturas, ha llevado a MORENA, el partido en el poder a un eventual rompimiento por parte de su base social, luego de que los candidatos designados no son del todo bien vistos.

A unos meses de la justa electoral, se ve y se antoja difícil una reconciliación interna entre los múltiples y distintos grupos políticos que conforman a MORENA. Más aún, su actual dirigente nacional, Mario Delgado enfrenta serios problemas al intentar presentarse en alguna plaza, sin que sea cuestionado, rechazado e incluso agredido.

La unidad de MORENA está a prueba y la esencia misma de lucha y combate de sus militantes y simpatizantes la pone a prueba, en un momento especial, donde se requiere la cohesión, disciplina y respeto a las decisiones de su dirigencia nacional.

Ante los conflictos internos que se dan en todos los niveles, ni duda cabe que el número de votos y el apoyo en las elecciones de las seis gubernaturas, vendrán a menos.