Selva Política

MIGUEL BARBA

*Proponen Diputados Sancionar con Cárcel el Delito de Anticoncepción Forzada

*Al dar fin a Escuelas de Tiempo Completo, se Violan Derechos Humanos

Para tipificar y sancionar el delito de anticoncepción forzada, al establecer pena de cuatro a siete años de prisión y hasta setenta días multa, así como el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, que podrá incluir el procedimiento médico o quirúrgico correspondiente para revertir la anticoncepción, la diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) presentó una iniciativa.

El documento, enviado a las comisiones unidas de Salud y de Justicia, busca señalar en el Código Penal Federal que comete el delito de anticoncepción forzada quien sin el consentimiento de una persona o mediante el uso de la coacción o a través de la manipulación implante o practique en ella procedimientos químicos, sustancias u objetos de cualquier otra índole para evitar la fecundación.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la suspensión del empleo o profesión por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva, o bien, en caso de que el responsable sea servidor público se le privará del empleo, cargo o comisión público que haya estado desempeñando.

Precisa que cuando la persona responsable ofrezca algún tipo de dádiva, prestación económica, social o de cualquier otra índole, aunado a las penas previstas, estas serán aumentadas hasta un tercio.

En los cambios a la Ley General de Salud plantea que en tratamientos de anticoncepción o esterilización, la autorización deberá otorgarse por escrito y únicamente podrá proporcionarla la persona usuaria beneficiaria, previo a su intervención o internamiento.

Tratándose de personas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, añade, el personal que recabe la autorización deberá explicarles atendiendo a sus condiciones particulares, incluyendo el lenguaje o idioma que comprendan. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, podrán auxiliarse por un intérprete de lengua de señas mexicanas o de persona de su confianza.

Espinosa Morales considera fundamental reforzar las acciones en favor de la salud sexual y reproductiva, siempre garantizando el respeto a los derechos humanos, por lo que la iniciativa tiene por objeto eliminar la violencia obstétrica que se realice mediante la esterilización y anticoncepción forzada.

Refiere que México presenta más casos de violencia obstétrica, y en muchas ocasiones las víctimas ni siquiera se enteran de que son víctimas, ya que se ha normalizado está situación. “Este concepto incluye entre otras situaciones, gritos, ofensas, amenazas, omisiones y castigos, así como procedimientos no consentidos como imponer un método anticonceptivo o de esterilización o bien realizar una cesárea sin consentimiento de la paciente”.

De acuerdo con datos oficiales, en México hay más de seis millones de mujeres indígenas, de las cuales 4.8 millones (el 80 por ciento) son víctimas de la violencia obstétrica. La situación es grave debido a que seis de cada 10 mujeres indígenas están en etapa reproductiva. Además, de las 32 entidades, solo 17 cuentan con reglamentación específica sobre la violencia obstétrica.

La iniciativa reforma el artículo 67 y adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 51 Bis 2, ambos de la Ley General de Salud; y reforma el artículo 199 Quintus, párrafo primero, adiciona un último párrafo al artículo 199 Quintus y el artículo 199 Quintus 1, todos del Código Penal Federal.

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En otro tema no menos importante, ayer la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) señaló que la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo ha generado un reclamo social justificado por la violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, por lo que urgió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a establecer las reglas de operación para este año a los componentes relacionados con este programa

Lo anterior, en un comunicado respecto a la extensión de jornadas escolares y servicios de alimentación, con la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez, continuar apoyando a los maestros y a las madres trabajadoras. Ejemplificó que este acto del gobierno de Morena deja sin el beneficio a 94 mil alumnos en Hidalgo y a 350 mil en el Estado de México.

Al presentar un punto de acuerdo, explicó que este programa se convirtió en una política integral y funcionaba porque sus beneficios eran transparentes, sin embargo, desde que comenzó la actual administración ha estado en la mira no para fortalecerlo sino para desaparecerlo.

Argumentó que esto quedó evidenciado en el presupuesto 2022, donde se aprobaron recursos para el programa La Escuela es Nuestra, partiendo del hecho que éste contendría los componentes de Escuelas de Tiempo Completo, lo que significó una simulación para eliminarlo y heredar esa responsabilidad a las y los padres de familia.

La también presidente de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia dijo que esto demuestra la mala estrategia implementada donde las autoridades deben escoger entre ofrecer escuelas con infraestructura o brindar apoyo a la educación básica, alimentación, a los maestros.

Esto se agrava cuando se reportan 5.2 millones de estudiantes que han abandonado las aulas por el Covid-19 y 3.6 millones afectados por esta problemática, lo que deja en el abandono a los municipios más marginados, y ha motivado que algunos estados anuncien que el programa de Escuelas de Tiempo Completo será garantizado con recursos locales.

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De salida les damos a conocer que el Grupo Parlamentario de MC rechazó la colusión entre Morena y sus aliados para aprobar un dictamen que pretende alterar el marco legal de la Revocación de Mandato.

Mediante un comunicado, la bancada señaló que apenas el día de ayer presentaron una iniciativa con la finalidad de seguir promoviendo de manera ilegal la revocación a un mes de realizarse y lo sometieron a votación en el Pleno, sin siquiera ser turnado a comisiones.

Dijo que es claro que la iniciativa busca eludir las sanciones que ha marcado el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum Pardo.

“No solo es un albazo al violentar el proceso legislativo, su propuesta viola el artículo 105 constitucional, que impide modificar leyes de materia electoral por lo menos 90 días antes de alguna contienda. Permitir a los servidores públicos intervenir en los procesos claramente violenta la legalidad y la equidad de la contienda”.

“Con esta aprobación Morena busca rebasar las funciones del Poder Legislativo. El Tribunal Electoral ha fallado tres veces ya en contra de las determinaciones de Morena y nada parece frenar su intención de violar permanentemente la ley”, señaló.

Rugidos

El Tonito, el Tonito…

A la carta enviada por el presidente de México, Andrés López Obrador al parlamento de Europa, luego de que éste emitiera una recomendación al gobierno de nuestro país a fin de brindar más seguridad para los periodistas que corren un gran riesgo al desempeñar su labor profesional, le faltó un mínimo de diplomacia e institucionalidad.

Repleta de calificativos marcados y frases provocadoras, la clase política nacional reprobó la misiva por considerarla inoportuna, indebida y, sobre todo, inoportuna no como respuesta institucional, sino por la pobreza y exposición de una mínima redacción estudiantil.

El mensaje sorprendió incluso a militantes y simpatizantes del mismo partido en el poder, quienes sin saberse quién lo había hecho, criticaron la forma de enviar comentarios verdaderamente fuera de todo orden y lógica diplomática.

Fue en la misma conferencia mañanera, donde el presidente Andrés López Obrador informó que él y su coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, habían redactado la carta que por el “tonito” de la misma no traerá nada bueno…