Selva Política

MIGUEL BARBA

*Reformas a Ley Agraria, Permiten Incorporar Certificados de Derechos Agrarios Digitales

*Dan Diputados Certeza Jurídica a Beneficiarios de Programas Sociales

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad de 481 votos reformar diversas disposiciones de la Ley Agraria, con el objetivo de incorporar la modalidad de certificados de derechos agrarios digitales para acreditar la calidad de ejidatario o comunero.

El dictamen, que reforma los artículos 16, fracciones I y II; 48, párrafo segundo; 56, párrafo segundo y 74, párrafo tercero de la Ley Agraria, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En el artículo Segundo Transitorio el documento señala que todos los certificados de derechos agrarios y los certificados parcelarios o de derechos comunes vigentes a esta fecha deberán ser digitalizados. Incluirán un código QR que dará acceso, a través de cualquier dispositivo celular, a la información y validez de estos documentos, así como para tramitar copias certificadas.

El artículo Tercero Transitorio cita que las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), dijo que la era digital es una realidad social y una innovación que facilita el acceso a servicios cotidianos.

Afirmó que extender el formato digital para la acreditación de la calidad de ejidatario o comunero será de gran beneficio para los tres millones de sujetos agrarios que existen en los 31 mil 500 núcleos agrarios del país.

Indicó que los beneficios están encaminados a combatir la corrupción, ya que “se quiere evitar la burocracia, pérdida de tiempo en las delegaciones de los registros agrarios nacionales y acumulación de documentos en las dependencias que se pueden extraviar, además de apoyar la economía”.

Consideró que el dictamen favorece a los ejidatarios porque simplifica los trámites para que puedan acceder a los diversos apoyos gubernamentales orientados al campo.

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En otro tema, ayer la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) afirmó que la minuta de reforma al artículo 4º constitucional da certeza jurídica a los beneficiarios de programas sociales, al blindar los apoyos económicos contra retenciones, descuentos, deducciones, compensaciones o embargos por parte de particulares.

“Con este dictamen se brinda seguridad y certeza jurídica, como también el debido proceso para proteger y sumar esfuerzos en la búsqueda de la igualdad social y la desaparición de la pobreza”, dijo en un comunicado relativo a la aprobación de dicho dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales.

“Los programas sociales son instrumentos que tiene por objeto contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las y los mexicanos; no obstante, las entidades financieras, por medio de sus contratos de prestación de servicios, establecen prácticas abusivas, las cuales les permiten descontar, retener o embargar recursos a quienes reciben dichos apoyos”, abundó.

Bernal Martínez señaló que su bancada está a favor del dictamen, “porque se trata de un tema sensible. Esta propuesta busca reducir la desigualdad en la que nos encontramos. Recordemos que dicha búsqueda es el objeto primordial del trabajo de nuestro Presidente de la República”.

En tanto, el diputado Pedro Vázquez González (PT), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, al referirse a la minuta que reforma el artículo 17 de la Constitución Política, en materia de justicia digital, aseveró que la reforma garantiza el derecho pleno a la justicia.

“La impartición de justicia no se debe detener, sin importar las condiciones. El apoyo en las tecnologías de la información y comunicación puede ofrecer soluciones a fin de no detener los procesos jurídicos, así como acercar la justicia y la cultura de la legalidad a diversos sectores de la población”, manifestó.

Sostuvo que es importante entender la necesidad de que la población tenga acceso a una justicia moderna, de mejor calidad, cercana y con mayor sensibilidad social y humana, así como eficiente y eficaz.

Apuntó que con las modificaciones se mejorarán los recursos y se abonará a que se imparta una justicia rápida y expedita. “Hoy tenemos la oportunidad de iniciar el camino para la búsqueda de una justicia digital plena”.

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El conflicto de la construcción del Tren Maya en Quintana Roo, llegó ayer hasta la Cámara de Diputados, donde el Grupo Parlamentario del PRI urgió a detener las obras del tramo 5 del Tren Maya, porque no se cuenta con ningún estudio técnico de factibilidad ni de impacto ambiental, como marca la normatividad al respecto.

En conferencia de prensa, la diputada Melissa Vargas Camacho explicó que este tramo de la obra afectará la construcción de infraestructura ferroviaria encima de un terreno poroso, que es muy posible que derive en el colapso del mismo tren; pasará sobre varios sistemas de cuevas y ríos subterráneos, habrá un impacto negativo en flora y fauna, y la deforestación de cientos de árboles.

Para frenar daños irreversibles, puntualizó, se debe replantear el tramo 5 para evitar un ecocidio; se deben realizar valoraciones del daño ambiental hasta el momento y resolver si es factible que continúe y, por último, que se presente el proyecto de impacto ambiental de todas las etapas del Tren Maya.

Sobre la zona protegida de Texcoco, Vargas Camacho dijo que se está presentando un proyecto de parque ecoturístico y eso no es lo que marca el decreto, por lo que, exhortó a las autoridades capitalinas a modificarlo y aprovechar que sea una zona de recarga acuífera que tanto requiere el Valle de México.

En su intervención, la diputada Eufrosina Cruz enfatizó que desde octubre del año pasado su partido propuso la creación de una comisión especial para el Tren Maya, a fin de dar seguimiento a las obras y evitar más afectaciones al medio ambiente. Recordó que la consulta a los pueblos indígenas fue una simulación que no tomó en cuenta la opinión de estas comunidades.

La diputada Jaqueline Hinojosa Madrigal hizo un llamado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por el riesgo que corren las siete mil zonas arqueológicas que hay en la Península y cerca del Tramo 5 se encuentran dos mil, en las cuales habrá una repercusión por la vibración de este tren.

Rugidos

Fuera de Control

El problema de la delincuencia y violencia prevalecientes en nuestro país, golpea ya la gobernabilidad, exhibe la falta de planes para frenarles y, en el peor de los casos su presencia se multiplica y expande por todo el territorio nacional.

La delincuencia y violencia en cualquiera de sus formas, está exhibiendo la carencia de propuestas de solución por parte de los tres niveles de gobierno. Bajo la ocurrencia de “abrazos, no balazos” el gobierno federal decidió no atacar ni enfrentar al crimen organizado, sino llamarlo al buen comportamiento, propuesta que ha fracasado.

Algunos analista políticos han sostenido que si el actual gobierno federal, no logra frenar y reducir la presencia y las acciones del crimen en cualquiera de sus modalidades, el llamado proyecto de la “cuarta transformación” habrá fracasado. Los números y las estadísticas no ayudan al actual gobierno, debido a que los casos de violencia y muerte siguen en ascenso y no se ve cómo detenerlos.