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Selva Política

  • AFP
  • 14 may 2022
  • 5 Min. de lectura

MIGUEL BARBA


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*Presenta PRI, Iniciativa de Reforma Político-Electoral; Propone Crear Vicepresidencia

*MORENA Piden Aumentar Traductores, en Juicios Donde Participen Personas Indígenas

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral que promoverá en los próximos días su bancada.

Indicó que se trata de una propuesta propia y hecha por el partido, además de que cuenta con la participación de cuadros especializados y expertos en materia, con el fin de construir una iniciativa sólida.

“Queremos dejar claro que esta propuesta no se trata simplemente de un ejercicio de antagonismo frente a la propuesta de Morena. El PRI es un partido de propuestas y actuamos de manera muy responsable”, aseveró en conferencia de prensa en el CEN del PRI, acompañado de diputados de su bancada.

Señaló que la reforma electoral que promueve Morena es poco seria, no abona a resolver los problemas en esta materia y atenta contra las instituciones, principalmente contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y “no vamos a permitir la destrucción del árbitro electoral”.

El líder parlamentario subrayó que su reforma político-electoral tiene cuatro objetivos centrales: alcanzar una democracia más participativa, más ciudadana, más barata y en paz.

En ese sentido, apuntó que su propuesta se conforma de 10 ejes viables, con eco en las experiencias nacionales e internacionales, orientados a fortalecer la democracia, las instituciones y el sistema de partidos políticos:

Primero, dijo, se plantea reducir las diputaciones de 500 a 300; 150 de mayoría relativa y 150 de representación proporcional y se establecería límites para evitar la sobrerrepresentación como ocurre actualmente con Morena.

“Queremos evitar la conformación de mayorías artificiales como es el caso que hoy sucede. Nadie puede tener más escaños que su porcentaje de votos electorales, ni puede suceder lo contrario”, indicó.

Señaló que, al disminuir los distritos, se reducen también las juntas locales, lo que generaría un ahorro más de mil 730 millones de pesos.

En segundo lugar, comentó, se propone una segunda vuelta en la elección presidencial, tal como sucede en otras democracias.

Apuntó que el tercer eje establece la creación de la figura de Vicepresidencia de la República, su titular iría en la misma fórmula que el Presidente de la República y sería electo en el mismo término.

“Con esta figura buscamos un acompañamiento directo al Presidente, que permita desahogar los asuntos de política interior y se da certidumbre al proceso de sustitución del jefe del Ejecutivo Federal en caso de ausencia absoluta”, explicó.

Moreira Valdez apuntó que en el cuarto eje, su propuesta estipula una mayor libertad de expresión durante las campañas electorales de particulares y gobernantes, pero sin uso de recursos públicos.

“Se propone transferir al Tribunal Electoral la autoridad en materia de libertad de expresión electoral, es decir, todas las medidas cautelares que van al INE y luego son llevada a los tribunales”, comentó.

En quinto lugar, indicó, se plantea la reducción de hasta el 30 por ciento del financiamiento público a partidos políticos, llevados en porcentajes de 10 por ciento anual hasta llegar al límite y la ampliación del financiamiento ciudadano global.

En sexto lugar, dijo, se propone el combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, con la creación de un sistema nacional de protección electoral, con un consejo integrado por el gabinete de seguridad, autoridades fiscales, la FGR, el INE y los gobernadores de los estados.

“Planteamos la obligación de los partidos y autoridades de revisar antecedentes financieros y penales de pre candidatos, familiares y equipos de trabajo, protocolos de protección a quienes lo soliciten, anular candidaturas al comprobar nexos con el crimen organizado, sanciones a partidos que postulen candidatos ligados a la delincuencia y suspensión de campañas, y establecer un observatorio ciudadano en materia de riesgos de seguridad”, dijo.

El séptimo eje, expuso, se propone el voto electrónico en modalidad de urna electrónica, lo que abarataría los costos de las elecciones, facilitaría el flujo de información y resultados durante la jornada y mayor certidumbre en el conteo de votos.

El octavo punto, subrayó, se estipula la nacionalización plena de comicios federales y locales, a fin de consolidar la autonomía del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con un presupuesto de cálculo fijo, sin que pueda ser alterado por la Cámara de Diputados.

“El INE asume la rectoría de los procesos federales y locales, y las OPLES desparecen, es decir, se elimina el sistema mixto”, indicó.

El diputado destacó que el noveno eje estipula el fortalecimiento de nombramiento de consejeros electorales, en donde se mantiene el proceso actual de convocatoria, registro, conocimiento y evaluación de los aspirantes a este cargo.


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En otro tema, ayer diputados del Grupo Parlamentario de Morena suscribieron una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial de Chihuahua a aumentar el número de intérpretes y traductores durante juicios y procedimientos de orden jurisdiccional de los que sean parte pueblos o personas indígenas, en el estado de Chihuahua.

La diputada Susana Prieto Terrazas y el diputado Jesús Roberto Briano Borunda, de la fracción parlamentaria de Morena, presentaron ante la Comisión Permanente el punto de acuerdo en favor de este sector en la entidad.

A través de un punto de acuerdo exxpresaron que 3.1 por ciento de la población local habla alguna lengua indígena, y cuando menos 11 mil 818 personas no dominan el español de acuerdo con Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Aseveraron que en el Estado de Chihuahua es limitada la cantidad de personas intérpretes y traductoras que ofrecen asistencia en juicios de personas indígenas.

Refirieron que, según la unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, la defensoría pública del Poder Judicial del Estado de Chihuahua cuenta con 211 defensores y 1 intérprete; mientras que el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua informó que cuenta con tres intérpretes.

Ante este panorama, comentaron que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) ha señalado la discriminación y los abusos en los procedimientos de impartición de justicia, así como la falta de intérpretes y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena para presentar una adecuada defensa en juicios.

Señalaron que es esencial que un intérprete o traductor asista a las personas hablantes de lenguas indígenas en asuntos de acceso a servicios de salud, agrarios, laborales y de procuración e impartición de justicia, en tanto que representa un derecho sustentado en distintas legislaciones secundarias y, principalmente, en la Constitución.


Rugidos

Encrucijada


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El Poder Judicial, esta vez el de Yucatán, resolvió confirmar la suspensión temporal de obras del tramo 5 del Tren Maya, la cual corre de Playa del Carmen a Tulum, debido a que ésta no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental.

Con ello queda más que confirmado que la construcción del proyecto insignia del actual gobierno federal, está envuelto en demandas y contrademandas judiciales por parte de ambientalistas, empresarios y la administración del presidente Andrés López Obrador.

Esta situación que podría quedar salvada en cualquier momento, originará no el impedimento de la obra como tal, aunque sí el retraso de la misma corriendo el riesgo de que no se concluya antes de que termine el actual gobierno federal.

La encrucijada en torno al Tren Maya es entonces, si éste queda listo en los próximos 24 meses o se mantendrá atrapado en los litigios que parecen no tener fin.


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