Selva Política

MIGUEL BARBA

*Piden Diputados Hasta 8 Años de Cárcel a Quien Amenace a Deudores

*Urge Promover la Educación Alimentaria Entre Niños y Adolescentes

El diputado Javier Casique Zárate (PRI) propuso adicionar el artículo 282 bis al Código Penal Federal, para establecer sanción de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días multa, a quienes requieran el pago de una deuda empleando amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento, por medio de las nuevas Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TICs), redes sociales o cualquier espacio digital.

Además, se duplicará la sanción si se divulga, comparte, distribuye o publica por medio de las nuevas TICS, redes sociales o cualquier espacio digital, la imagen y/o la información de la persona a la que se requiere del pago de una deuda.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia para su dictamen, tiene la finalidad de incluir dicho artículo en el Capítulo I Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal que forma parte del Título Decimoctavo; Delitos Contra la Paz y Seguridad de las Personas, para tipificar estas conductas.

Menciona que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recopiló cerca de 3 mil denuncias de usuarios que fueron víctimas de Apps de préstamos. Además, expuso los casos de intereses elevados, cambios en los términos del contrato, amenazas, extorsiones y robo de datos.

Los reportes señalan que 64 por ciento de las víctimas son mujeres, 56.5 por ciento de las personas tienen entre 26 y 40 años; 55 por ciento de los casos provienen de la Ciudad de México y el resto de otras entidades de la República como el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco y Tabasco.

También, la investigación expone que las aplicaciones de préstamos no reguladas cometen un crimen al difundir la deuda de los usuarios con sus contactos, debido a que se trata del llamado “doxing” o “doxxing”, abreviatura inglesa de “dropping dox”, que es una práctica mediante la cual los ciberdelincuentes realizan una investigación para recopilar información sobre una persona y publicarla en la red con el fin de incitar al acoso.

Casique Zárate indica que es algo relativamente nuevo, por lo que se tiene que legislar porque tiene que ver con la necesidad económica de las personas quienes, al no poder pagar en tiempo sus préstamos con exorbitantes intereses, viven con la preocupación y el estrés constante de ser exhibidos ante sus conocidos y, en el peor de los casos, ser víctimas de robo de identidad, e incluso han manifestado que quienes se dedican a mandar mensajes lo hacen utilizando lenguaje obsceno, llegando a la violencia psicológica.

De igual modo, autoridades como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Policía Cibernética o las fiscalías generales de los estados, ya han advertido a la ciudadanía sobre el peligro de pedir prestado en aplicaciones no reguladas; sin embargo, es la necesidad económica la que lleva a muchas personas a recurrir a esto.

Argumenta que estos ciberdelincuentes deben ser castigados, ya que están contraviniendo lo que la Constitución Política establece en el primer párrafo del Artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

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En otro tema, ayer el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (PVEM) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, a fin de promover la educación alimentaria en niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado, explicó que esta propuesta tiene como objetivo que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), promuevan en las escuelas del país buenos hábitos alimenticios que combatan desnutrición y obesidad.

Sostuvo que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México uno de cada tres menores de edad, entre los seis y 19 años, padece sobrepeso u obesidad, por lo que el país es uno de los primeros en obesidad infantil a nivel mundial.

“La población requiere información y educación sobre hábitos alimenticios para poder tomar decisiones informadas sobre su alimentación, especialmente los menores de edad, ya que las niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a un entorno que favorece el consumo de productos altos en calorías, sodio, grasas trans, azúcares o grasas saturadas” indicó.

Lamentablemente, el no llevar una dieta suficiente, variada y nutritiva está asociado con más de la mitad de las muertes de niñas y niños en todo el mundo.

“Cuando los menores padecen desnutrición son más propensos a sufrir enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, así como osteoporosis y enfermedades dentales”, puntualizó.

El legislador consideró indispensable atender los problemas de alimentación que afectan a la población infantil y adolescente, tomando medidas desde el ámbito legislativo para propiciar que los hábitos alimenticios que coadyuvan a garantizar el derecho a la salud y al bienestar se implementen desde edades tempranas.

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De salida les informamos que al declarar inválido el decreto por el que se aprobó un recorte de casi 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, por parte de diputados afines al gobierno, es una clara muestra de que actuaron por venganza política y no con criterios técnicos presupuestales, afirmó el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN).

“Desde Acción Nacional celebramos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y esperamos ya la convocatoria de la Comisión de Presupuesto para analizar y regresar los recursos que de forma injustificada quitó Morena al Instituto Nacional Electoral para este año 2022”, indicó en un documento.

Recordó que en su momento, durante la discusión del proyecto del PEF 2022 en noviembre pasado, Acción Nacional presentó reservas para evitar el recorte por 4 mil 913 millones de pesos, que impidió al INE organizar y llevar a cabo de mejor manera la Consulta de Revocación de Mandato en abril pasado.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destacó que sin sustento los diputados oficialistas recortaron el presupuesto del INE para 2022, pues actuaron bajo la consigna de una venganza y una estrategia para debilitar al árbitro electoral.

“Esperamos que esta resolución de la Corte sea acatada por la Cámara de Diputados para analizar y determinar en sesión de Pleno si se entrega al INE el presupuesto originalmente solicitado, sesión que deberá celebrarse en un término no mayor a 30 días hábiles a partir de la notificación de esta resolución que aprobaron los ministros por unanimidad”, explicó.

RUGIDOS

Política Candente

A unas horas de llevarse a cabo elecciones en seis estados, donde millones de personas votarán para elegir a su gobernador, la política nacional está en un punto por demás candente y se mueve entre acusaciones, grabaciones y descalificaciones que han tensado aun más el ambiente social.

Ejemplo del cobro de facturas han sido las declaraciones de Don Porfirio Muñoz Ledo, lobo de siete mares quien aguardó la oportunidad para estar frente a un auditorio internacional para descalificar abierta y seriamente al gobierno del presidente de México, Andrés López Obrador.

Lo mismo hizo el ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, quien en entrevista con la periodista Carmen Aristegui reveló los acuerdos entre el ex presidente Enrique Peña y el hoy mandatario a fin de que éste último obtuviera el triunfo electoral.

De aquí y hasta la elección de 2024, serán meses difíciles, complicados y de revelaciones que podrían derivar en violencia física entre los distintos partidos políticos que se disputarán la presidencia de México.