Selva Política
- AFP
- 12 jul 2022
- 5 Min. de lectura
MIGUEL BARBA

*Importante que Durante Reunión Biden-López se Abordara Agenda Migratoria
*Acusan Diputadas de Violencia Política y Digital a Gobernadora de Campeche
La diputada María Rosete Sánchez (PT) consideró importante que en la reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos se haya abordado la agenda migratoria con perspectiva de género, cuya crisis es la más grande registrada desde 1994.
En el marco de dicho encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, indicó que según el Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza y los estereotipos han limitado su libre progreso y, por ello, el número de mujeres migrantes ha aumentado considerablemente.
“Hoy son millones de mexicanas en la Unión Americana que participan, de forma activa, en la economía de ambas naciones. Allá trabajan y aquí recibimos sus remesas”, detalló en un comunicado la legisladora por la Ciudad de México.
Rosete Sánchez lamentó que las y los migrantes, en la mayoría de las ocasiones, han visto violentados sus derechos humanos durante su tránsito en otros países y ahora se suma la pérdida del derecho de las mujeres a la libre elección sobre sus cuerpos cuando llegan a la vecina nación del norte.
Lo anterior, dijo debido a la controvertida decisión de la Corte estadounidense que revierte más de 40 años de progreso en las libertades fundamentales de las personas, lo que tendrá consecuencias muy duras en la vida de millones de nuestras connacionales.
“De ahí la importancia de este exhorto, ya que la pandemia por Covid-19 demostró con toda claridad las consecuencias de construir gobiernos y políticas públicas sobre las espaldas de los menos favorecidos, situación que acentuó las grandes desigualdades en América, lo que trajo como resultado un aumento en la migración”, concluyó Rosete Sánchez.
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En otro tema que sigue aumentando la tensión política, ayer las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRD señalaron que los señalamientos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, respecto a la posibilidad de que existan fotografías o imágenes de diputadas del PRI, que ponen en riesgo su intimidad, es un ataque frontal a las mujeres, pero también una manifestación clara de una conducta que el día de hoy ya está tipificada a nivel nacional y en muchos estados de la República, incluido Campeche cuyo Código Penal fue reformado en 2020 para adecuarse a la “Ley Olimpia”, como “violencia digital”, “violencia mediática”, “violencia a la intimidad sexual”, “violencia política en razón de género” y “apología del delito”.
Indicaron que “la gobernadora Sansores incurre en las agravantes que establecen: ‘cuando sea cometido por un funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones; cuando obtenga un beneficio lucrativo o no lucrativo de éste, y cuando el sujeto activo haya obtenido para estos efectos, el material mediante robo o acceso no autorizado, o intervención de comunicaciones, archivos privados’”.
Y la sanción: “Si la persona fuera servidora o servidor público se procederá a la destitución de su empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de cinco a diez años para desempeño en el mismo orden”.
Las manifestaciones públicas realizadas en vivo a través de una plataforma mediática nada menos que desde el gobierno del estado de Campeche en el programa “Martes del Jaguar”, dejan claro que la garantía de los derechos humanos de las mujeres no está en mente de la mandataria pues, a todas luces, lo dicho por ella es una amenaza velada sobre las fotografías que tiene en su poder de manera ilegal.
“Esta acción a todas luces es misógina y violenta hacia las mujeres diputadas del PRI, evidenciando que la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres no está en el discurso, en el actuar de la gobernadora y, mucho menos, en su pronunciamiento.
“Es importante recalcar que esta acción no sólo es un abuso de poder de Layda Sansores, es también una conducta que puede considerarse un acto de violación a la ley, al obtener de manera ilegal dicha información; es también una violación a los derechos humanos de las diputadas, entre ellos el derecho a la intimidad sexual y al derecho a vivir una vida libre de violencia y es, sin lugar a dudas, una amenaza o como ella señala en su video ‘una advertencia’ clara hacia las legisladoras de tener en su poder esa información que compromete la intimidad”.
Al contar con estas fotografías, continuaron, la gobernadora también pone en riesgo a las diputadas y las coloca en el reflector social y político dando pie a que muchas de ellas sean juzgadas y exhibidas, lo que les ocasiona también un grave daño al honor y un atentando a su derecho al resguardo de su intimidad.
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En este sentido precisaron que esto representa una conducta clara de “violencia política” por lo que la gobernadora debe de asumir dicha responsabilidad y ser denunciada por esta conducta, que podría colocarla en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a cargo del Instituto Nacional Electoral, en el cual se encuentra cualquier persona que es sancionada por ejercer violencia política conducta que se agrava cuando dicha violencia la cometan personas servidoras públicas, como lo señala el acuerdo INE/CG269/2020.
Dijeron que esta sistemática violación de los derechos humanos de las diputadas priistas es el claro ejemplo de lo que pasa en un Estado donde las mujeres y sus derechos están invisibilizadas, y pareciera que se puede cometer contra ellas cualquier atropello o violación a su dignidad y derechos sin que se sancione a la o el agresor, y se ponga un ejemplo claro de que esta realidad no se debe seguir permitiendo.
La omisión para pronunciarse al respecto por parte de la Comisión de Igualdad, pero también de las instancias federales encargadas de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres en México, como lo son la CONAVIM y el INMUJERES, nos deja claro de que la justicia para las mujeres en este país es parcial y que la garantía de sus derechos depende de su ideología partidista.
“Nunca como antes, las mujeres de todas las ideologías requerimos unirnos en una sola causa: la garantía de nuestros derechos y la libertad de ejercerlos en condiciones de igualdad, no discriminación y teniendo la garantía plena del Estado de que podremos acceder a ellos sin ninguna brecha política o condicionante partidista”.
RUGIDOS
Se Equivoca, Layda

Los ataques a través de grabaciones ilegales que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores lleva a cabo en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y de un grupo de diputadas del PRI de quienes asegura tener fotografías que éstas habrían enviado al líder del tricolor, parece ser que terminarán en los tribunales.
Ayer un importante número de priistas -mujeres y hombres- interpusieron una denuncia formal en contra de la gobernadora de Campeche y demandaron se aplique la Ley Olimpia en contra de la mandataria estatal por incurrir en violencia política y digital, violencia mediática y violencia a la intimidad de la mujer.
Como se sabe, Layda Sansores en su programa de radio y televisión estatal de los martes, viene dando a conocer grabaciones del dirigente del PRI, realizadas éstas de manera ilegal. El conflicto no había cobrado más importancia que la necesaria, hasta que informó que un grupo de diputadas del PRI, habían enviado fotografías captadas sin ropa de las legisladoras, incurriendo de manera casi automática en los delitos que contempla la llamada Ley Olimpia.
Habrá que ver hasta dónde y hasta cuándo la mandataria campechana decide continuar con los ataques en contra del dirigente del PRI, aunque antes deberemos saber si tras la denuncia presentada habrá sanción sobre estas revelaciones.







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