Sin temor, subirán los seguros

Alrededor del 31.6% al 36% del parque vehicular en México cuenta con seguro, lo que representa aproximadamente 6.9 millones de vehículos, según datos de la CONDUSEF. Esto significa que la mayoría de los vehículos circulan sin aseguramiento, lo que podría generar problemas financieros en caso de accidente. Cifras recientes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) revelan que sólo tres de cada 10 unidades que circulan en México están aseguradas y propensas a sufrir algún tipo siniestro. En este sentido, siempre es importante contar con un seguro que pueda ayudarle a cubrir los daños materiales, lesiones o incapacidades. Y es que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), aproximadamente 44 personas mueren al día por accidentes viales en nuestro territorio; por lo cual exhortan a la población a adquirir un seguro vehicular básico que al menos contemple la cobertura llamada Responsabilidad Civil por daños a terceros. En un informe divulgado por Quálitas Compañia de Seguros, este instrumento financiero, también conocido como seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio Federal, indemniza a externos si tras un accidente vial hubo daños materiales en sus bienes, lesiones corporales, incapacidades temporales y/o permanentes e incluso la muerte. El comunicado destaca que, según las coberturas que abarque el paquete elegido, o si se armó alguno “a la medida” sumando una por una para personalizar los servicios que realmente se necesitan, un seguro puede ahorrar dolores de cabeza y no tener que gastar dinero ante un sinfín de siniestros, incluyendo desastres naturales que provoquen la caída de un árbol sobre el auto; por ejemplo, cuyo costo derivado puede alcanzar los 25,000 pesos según la AMIS, aunque en situaciones catastróficas el importe llega a ser mayor. En México, la población con seguro médico privado aumentó 67.1 % entre 2018 y 2024, al pasar de 974 mil a 1.6 millones de personas, según INEGI. Aun así, representan apenas 1.3 % de la población total, en un país donde más de 44.5 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Ese pequeño grupo, que paga por cobertura privada ante la incertidumbre del sistema público, se enfrentará en 2026 a un nuevo escenario: sus seguros costarán más, no por mejores coberturas, sino por un cambio fiscal. La Ley de Ingresos de la Federación 2026 incorpora una modificación que afectará de forma directa al sector asegurador: las compañías deberán pagar el IVA (16 %) sobre los siniestros en los ramos de autos y gastos médicos mayores, sin poder acreditar fiscalmente. Hasta ahora, las aseguradoras podían deducir el IVA de los servicios contratados con hospitales, talleres o laboratorios al cumplir con la indemnización. Con la reforma, ese acreditamiento desaparece y el impuesto se convierte en un gasto adicional que, inevitablemente, se trasladará al consumidor final. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), las primas podrían incrementarse entre 10 % y 20 % a partir de 2026, afectando a más de 13 millones de pólizas activas. El cambio pone fin a un largo litigio entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las compañías de seguros, iniciado en 2019 por la interpretación del artículo 25 de la Ley del IVA. Durante años, las aseguradoras acreditaron como propio el IVA que se pagaba a terceros, hospitales o talleres, para resarcir daños o reponer bienes. El fisco argumentó que dicho acreditamiento no les correspondía y que debía ser asumido por los proveedores del servicio. El acuerdo que cerró ese litigio establece que el gobierno condona los adeudos acumulados hasta 2024, calculados entre 175,000 y 200,000 millones de pesos, pero obliga a las aseguradoras a pagar el IVA sin acreditamiento a partir de 2025. Para el sector, el cambio representa el fin de una incertidumbre jurídica de varios años; para los usuarios, el inicio de un encarecimiento inevitable. México es el segundo mercado asegurador más grande de América Latina, pero su penetración equivale solo al 2.6 % del PIB, por debajo del promedio regional de 3 %. En un contexto donde el sector privado concentra el 48.7 % del gasto total en salud, de acuerdo con la Cuenta Satélite del Sector Salud, y el gasto de bolsillo aumentó más de 40 % entre 2018 y 2024; el nuevo esquema fiscal puede reducir aún más el acceso a los seguros. Por su parte, el gobierno espera una recaudación adicional de entre 20,000 y 25,000 millones de pesos en 2026, pero el efecto sobre el consumidor podría diluir cualquier beneficio fiscal. En un entorno de inflación médica creciente y mayores costos operativos, las aseguradoras trasladarán la nueva carga tributaria a los precios. Los seguros de autos, gastos médicos y empresariales serán más caros, y los procesos administrativos más lentos, pues la eliminación del acreditamiento de IVA también complica los flujos contables y la relación con proveedores. En síntesis, el acuerdo que puso fin a un litigio fiscal de años traerá claridad jurídica para las aseguradoras, pero más costos para los asegurados. En 2026, renovar una póliza no solo será más caro: será el primer efecto visible de una reforma tributaria que transformó un viejo pleito legal en un nuevo peso sobre el consumidor.